La obligación de todo partido político en la oposición es vigilar la acción del partido que gobierna un ayuntamiento, una comunidad autónoma o el propio Estado. Esta tarea debería conllevar el análisis pormenorizado de las cuentas, el destino del dinero público. Por tanto, debería ser un ejercicio auditor que evitara algo, cada vez más de moda: las “auditorias por encargo” a empresas privadas, cuando se produce un cambio de gobierno en una administración. Esta práctica, empleada a diestro y siniestro por el PP, demuestra que quienes hoy gobiernan bajo estas siglas en muchos municipios, comunidades autónomas y el Estado, poco o nada han aprendido de sus años en la oposición. O mejor dicho, en absoluto se han preocupado, cuando es su deber, por conocer en qué se empleaba el dinero de todos los ciudadanos.

Y este es el caso en el Ayuntamiento de Santoña. ¿Era necesaria una auditoría de cuentas como la encargada por el equipo de gobierno del PP encabezado por Milagros Rozadilla? Si durante los ocho años de permanencia en la oposición, acudiendo a comisiones y plenos (por lo que cobraban todos los concejales del PP) no fueron capaces de hacer un seguimiento exhaustivo de las cuentas, entonces, ¿a qué se dedicaron? ¿a cobrar exclusivamente la remuneración por calentar la silla? Como ciudadano tengo derecho a saberlo.

De la misma forma ha obrado el Gobierno de Cantabria. La llegada al Ejecutivo de Ignacio Diego abrió la puerta a la solicitud de auditorías de cuentas en las diversas empresas públicas con el único fin de justificar despidos y cierres. Esto explica muy bien que las auditorías, y más aquellas solicitadas por el PP, desde el inicio de la actual legislatura, persiguen objetivos poco transparentes.

¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que éstas auditorías, en líneas generales, constituyen una operación de maquillaje para intentar trasladar a la opinión pública, a los ciudadanos, una imagen distorsionada de la realidad respecto a la gestión de los predecesores políticos, aquí y en Pernambuco. Todo está inventado. Es decir, para no afirmar yo que el equipo de gobierno saliente lo ha hecho mal, malísimo, me permito pagar –también con dinero de los ciudadanos- a una empresa que sea quien diga aquello que yo no voy a decir para que no se me tache de partidista. Entonces tiene validez, porque lo dice esa empresa. Esta es la jugada, ni más ni menos. Que los ciudadanos lo sepan y no vivan en el engaño.

Pero hay más. ¿Quién me garantiza como ciudadano la objetividad de las empresas que ejecutan estas auditorías? Nadie. ¿Y saben por qué? Porque las empresas auditoras contratadas por el Gobierno de Cantabria, y en el caso que nos ocupa, por el Ayuntamiento de Santoña, son manifiestamente cercanas al propio PP. De lo contrario, qué casualidad que la empresa que ha redactado la auditoría del Ayuntamiento de Santoña, haya auditado también a varias empresas públicas de Cantabria, en el marco del plan de ajuste ordenado por el presidente Ignacio Diego. Qué casualidad que la famosa consultora que auditó Bankia también haya realizado trabajos para el Gobierno de Cantabria, al menos la auditoría de una de sus empresas. Y así podría continuar poniendo muchos ejemplos.

Por estas razones, como ciudadano, no me creo absolutamente nada de lo que arroje la auditoría que está a punto de ver la luz pública en el Ayuntamiento de Santoña. Porque cualquier atisbo de sospecha que pueda plantear sobre la gestión del equipo de gobierno anterior también será responsabilidad del PP, por no realizar su trabajo de vigilancia opositora en el momento oportuno.

Quienes conocemos el mundo de la comunicación por dentro, sabemos las estrategias a emplear en cada momento. Y esta auditoría esconde eso: una campaña de comunicación interesada por parte del PP y una forma de escurrir el bulto para aquellos que durante su permanencia en la oposición –algunos gobiernan hoy- no ejercieron como debían haber ejercido, porque de otra forma conocerían los detalles de la gestión, con pelos y señales. Pero no, prefirieron esperar a las elecciones para coger el sillón. Ni más, ni menos.

Y para finalizar. Hay que ser suficientemente ignorante para pensar que un equipo de gobierno saliente va a dejar rastro de las migajas para que el equipo de gobierno entrante le busque las cosquillas frente a la opinión pública con una “auditoría a la carta”. Por favor, gobiernen de una vez y déjense de patios de colegio. Demuestren ahora su transparencia, porque hasta el día de hoy la opacidad domina la política que el PP está desarrollando en el Gobierno de Cantabria y en el Ayuntamiento de Santoña.

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